Hoy 9 de diciembre se conmemora un aniversario más de la suscripción de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y con ello, un “Día Internacional contra la Corrupción” más. El instrumento que tuviera como sede a nuestra ciudad de Mérida, los días 9 a 11 de diciembre de 2003, constituye un antecedente fundamental para el combate a la corrupción.

Aunque no hay una definición única de este fenómeno, varias fuentes coinciden en señalarlo como un abuso o mal uso de las funciones/poder que una persona tiene, para buscar un beneficio propio que no obtendría de manera normal. En el ámbito legal el instrumento de Naciones Unidas en la materia ya referido, no elabora una definición técnica de corrupción, pero si advierte sus modalidades: soborno, malversación, tráfico de influencias, abuso de funciones, enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y encubrimiento.

Asimismo, señala que la corrupción puede provocar el debilitamiento de la democracia y el estado de derecho; alimenta las desigualdades, fomenta la injusticia e impide el desarrollo sostenible.

Hoy día, hablar de corrupción es algo normal. Sin embargo, existe un desconocimiento sobre sus manifestaciones, alcances y sanciones por la población, lo que lleva a “etiquetar” indiscriminadamente a cualquier acción como corrupta sin antes realizar una valoración objetiva de la misma.

Adicionalmente, en México fuera de que se generen acciones que permitan identificar plenamente las conductas que corrompen el ejercicio de la función pública, se ha mantenido una línea discursiva que niega la existencia de corrupción en el sector público, salvo cuando se trata de personas o instituciones que no se alinean con el oficialismo, en cuyo caso se les tilda de “corrupto/a”.

Así pues, lejos de asumir una postura objetiva y crítica sobre tal problema, la corrupción es utilizada como argumento (injustificado) para emprender una “caza de brujas” contra todo aquello que no se someta ante quien ostenta el poder. Ejemplos recientes de lo anterior son el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En primer lugar, el INAI es un órgano autónomo que funciona desde 2002 y que se encarga de garantizar el derecho humano al acceso de la información pública. Dicha institución ha sido descalificada, llamada corrupta e innecesaria. Incluso, su operatividad y existencia se han visto amenazadas desde hace un año mediante la omisión de designar las consejerías vacantes en tal ente, lo que limita su funcionamiento y trastoca los derechos humanos.

Por otro lado, el máximo tribunal de justicia de nuestro país pareciera ser el principal “blanco” de esta inquisición, pues en repetidas ocasiones se ha puesto en duda, sin merecerlo, sus capacidades y principios, llegando al punto de intentar coaccionar su legitimidad mediante reformas constitucionales contrarias al planteamiento de división de poderes.

Sin lugar a dudas, la corrupción se ha convertido en discurso dirigido a lacerar, a conveniencia, a las instituciones y personas que se oponen al régimen en turno. Lo anterior, ha permeado en la confianza que la ciudadanía deposita en ellas, alejándolas de los mecanismos necesarios para hacer válidos sus derechos como lo son el acceso a la justicia o la información.

Mientras, la corrupción sigue insertándose en la realidad de México. De acuerdo con el Índice Global de Corrupción, nuestro país es uno de los peor calificados en la materia, obteniendo valoraciones más negativas que la media regional y mundial.

Así, en el Día Internacional contra la Corrupción es evidente que la estrategia para prevenir y combatirla se enfoca en cubrir el verdadero problema mediante una persecución política, o lo que es igual “mucho ruido y pocas nueces”. Lo cierto del caso y la más cruda realidad es que muchos corruptos siguen campeando sin que hasta el día de hoy sean castigados.— Mérida, Yucatán.