En un hecho sin precedente en Yucatán, la magistrada Ligia Cortés Ortega usa la fuerza pública en su beneficio personal. Enojada porque no recibe unos muebles en el plazo convenido, ordena que se presenten policías judiciales armados, quienes cierran tres horas los accesos de la tienda, hasta que ve cumplidas sus exigencias.