A lo largo del proceso penal, que dura casi cuatro años, ocurre un torrente de irregularidades que, con el paso de los años, son reconocidas incluso por quienes las cometieron. La Procuraduría permite que asesores jurídicos y técnicos al servicio de la acusación dirijan y practiquen, en sustitución de las autoridades, con su complicidad o sin su vigilancia, adulteradas diligencias de la investigación judicial que resultan decisivas.