Doscientos policías estatales emboscan y acribillan en Aguas Blancas a 60 campesinos que se dirigen a una manifestación en Atoyac para demandar al gobierno de Guerrero el suministro de insumos agrícolas. Diecisiete campesinos resultan muertos, 19 heridos y siete desaparecidos. Vídeos de la masacre que se muestran en la televisión desatan una enérgica condena mundial. A solicitud del presidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León, la Suprema Corte emite un dictamen en el que se establece la responsabilidad material e intelectual del gobernador Rubén Figueroa Alcocer, quien renuncia al cargo.