Como próximo gobernador del Banco de México (Banxico), Arturo Herrera está amarrado a defender la autonomía de la institución y, por lo tanto, a dejar de recibir hasta la más mínima orden o sugerencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre sus nuevas funciones.

De no hacerlo, el Artículo 38, párrafo tercero, de la Ley del Banco de México, determina que el titular de dicho organismo autónomo “podrá ser sujeto a juicio político”, conforme a lo establecido en los Artículos 108 y 110 de la Constitución del país.

A su vez, el Artículo 61 de la misma legislación indica que “la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos será aplicable a los miembros de la Junta de Gobierno del banco, que presidiría Herrera” en caso de alguna infracción a su mandato y obligaciones. De acuerdo con los apartados del Capítulo II de esta última legislación, referente a las sanciones, los funcionarios que incumplan con sus responsabilidades –como no hacer valer la autonomía del Banxico, en el caso de Herrera– serían sujetos a un apercibimiento o amonestación pública o privada. Además de suspensión, inhabilitación del cargo, destitución del puesto y sanciones económicas o multas que repongan el daño causado por sus faltas.

El especialista de la Facultad de Negocios en la Universidad La Salle, Carlos Alberto Bautista, explicó a Publimetro que a dicha lista de candados, que obligan a Arturo Herrera a defender la autonomía del Banxico y cumplir el resto de sus responsabilidades, se suman las “sanciones penales o de cárcel”.

Refirió que tales sanciones estarían definidas por las leyes aplicables a las consecuencias que causen las faltas cometidas por Herrera, en perjuicio de la economía y el país en su conjunto.

Además, apuntó, el propio Arturo Herrera estaría afectando su trayectoria y carrera en el servicio público, punto que sería su principal contención ante cualquier sugerencia o intento de intervención del presidente López Obrador, en el cumplimiento de sus nuevas funciones como gobernador del Banxico.