La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Yucatán logró la imputación penal en contra del ex presidente municipal y ex secretario del municipio de Dzidzantún, por el delito de Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades, el cual se encuentra catalogado como un delito por hechos de corrupción de conformidad con el Código Penal del Estado, y se ordenó contra ellos medidas cautelares de prohibición de salir del estado y vigilancia del Centro Estatal de Medidas Cautelares por todo el tiempo que dure el proceso.

De acuerdo con los hechos, la imputación derivó del otorgamiento ilícito de una obra pública a una empresa particular, lo anterior sin llevar al cabo los procedimientos que marca la ley en la materia, esto es, a través de una licitación pública; contrario a ello adjudicaron directamente la obra, generando el pago por un monto de más de cinco millones y medio de pesos favoreciendo ilícitamente a una empresa en particular.

Por lo antes expuesto, anteayer se llevó a cabo la audiencia judicial en el Centro de Justicia Oral de Mérida (Cejom) donde la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Yucatán pidió la imputación penal en contra del ex presidente municipal y ex secretario ambos del municipio de Dzidzantún.

Conforme a la información recabada en dicho centro de justicia, el delito de Uso Ilícito de Atribuciones y Facultades fue imputado en la modalidad correspondiente al servidor público que ilícitamente otorgue, entre otros, adjudicaciones de contenido económico, el cual prevé sanciones que van de los seis meses a los doce años de prisión y multa de treinta a 150 días multa.

Durante la audiencia, los agentes del ministerio público de la Fiscalía especializada en combate a la corrupción del estado formularon la imputación penal, a lo que el ex presidente municipal respondió a través del uso del derecho a emitir su declaración.

Posteriormente la Fiscalía Anticorrupción solicitó la vinculación a proceso de los ex servidores públicos, a lo que su defensa solicitó la ampliación del término constitucional para resolver su situación jurídica, por lo que será en los próximos días cuando se defina si serán vinculados a proceso por el delito imputado.—