LONDRES (AP).— El Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó ayer la solicitud de la familia de Archie Battersbee que buscaba impedir que un hospital pusiera fin a su tratamiento.

El 7 de abril pasado el niño de 12 años fue hallado inconsciente en su casa con una soga sobre su cabeza. Sus padres creen que estaba participando en un reto de TikTok con trágico final.

Los médicos afirman que Archie tiene muerte del tronco encefálico y mantenerlo en soporte vital no es lo más conveniente para él.

Sus padres, Paul Battersbee y Hollie Dance, han apelado sin éxito a las cortes británicas para que bloqueen la decisión del hospital Royal London de desconectar el respirador artificial y detener otros tratamientos que lo mantienen con vida.

Los abogados de la familia recurrieron a la corte europea con sede en Estrasburgo, Francia, antes de la hora prevista para que el centro médico empezara a detener los tratamientos, ayer por la mañana.

Resultado

Posteriormente, el tribunal declaró que no “interferiría con las decisiones de los tribunales nacionales para permitir que procediera la retirada del tratamiento de soporte vital” de Archie.

Antes de conocer el fallo, la madre aseguró que “no nos rendiremos con Archie hasta el final”. También, que estudiaban ofertas de Japón e Italia para atenderlo. “Hay otros países que quieren tratarlo y creo que se debería permitir”, manifestó.

Anteayer, la Corte Suprema británica afirmó que Archie no tenía “perspectivas de recuperación significativa” y moriría en pocas semanas de insuficiencia cardíaca y de otros órganos.

Alistair Chesser, médico jefe de la organización que dirige el Royal London, indicó que el soporte vital de Archie continuaría sin cambios hasta que se resolvieran los problemas legales.

Éste es el caso más reciente en que el juicio de los médicos se opone a los deseos de la familia de un paciente. Al igual que en situaciones anteriores, los Battersbee han contado con el respaldo del grupo de presión religioso Christian Concern.

Bajo la ley británica, los tribunales suelen intervenir si hay desacuerdo entre los padres y los médicos sobre el tratamiento de un menor. Los derechos del niño están por encima de los de los padres para decidir lo que consideran conveniente.