El fallo de la Suprema Corte de Estados Unidos declarando ilegal el aborto en los hechos en un gran número de entidades federativas constituye uno de los retrocesos más graves en materia de libertades en años recientes en ese país.

Aunque hay varias maneras en que los partidarios del derecho de las mujeres de decidir libremente sobre su embarazo pueden limitar los efectos de esta decisión, o contrarrestarlos, el impacto es innegable. Hay muchos ángulos desde los cuales se puede analizar el lamentable desenlace de medio siglo de lucha del conservadurismo norteamericano; me voy a limitar a dos, relativos a la estrategia que siguieron los activistas “pro-choice” desde hace 50 años, y a la que pueden emprender ahora.

Entiendo la lógica del movimiento de mujeres y de sus aliados políticos. A partir del fallo de 1973 permitiendo la interrupción del embarazo en el territorio norteamericano, todo el mundo más o menos se dio por bien servido. El movimiento se durmió en sus laureles, y no se insistió en buscar un corolario legislativo de Roe v. Wade.

Entre 1973 y la semana pasada, surgieron tres momentos en los cuales existía la posibilidad —de ninguna manera la certeza— de que ambas cámaras del Congreso estadounidense hubieran podido aprobar el equivalente de la Ley Weil que legalizó el aborto en Francia en 1975.

Entre 1977 y 1980, durante la presidencia de Jimmy Carter, los demócratas dispusieron de una cómoda mayoría en la Cámara de Representantes, y de 61 votos en el Senado. Como se sabe, debido a la regla del llamado filibuster, se necesitan 60 votos para aprobar una ley controvertida en la Cámara alta. Los demócratas los tenían. Claro está, no todos sus senadores eran “pro-choice”, pero había algunos republicanos que los hubieran acompañado.

Lo mismo sucedió con Bill Clinton en 1993-1995, solo con 57 senadores, pero con apoyos de senadoras republicanas que probablemente se habrían pronunciado a favor. Y con Obama, durante los primeros dos años de su mandato, hasta la muerte de Edward Kennedy, se dio la misma configuración.

Ninguno de los tres presidentes, ni siquiera las esposas del segundo y tercero, insistieron en que se diera la lucha por aprobar una ley legalizando la interrupción de embarazos. Habría resultado desgastante, hubiera polarizado a la sociedad.

Una segunda reflexión se refiere a la estrategia que se siga ahora. Por varias razones, es grande la tentación de abrazar la tesis de la interseccionalidad y de equiparar la lucha de las mujeres por el derecho al aborto con el de los homosexuales y las lesbianas por el matrimonio, el derecho a la adopción, y el de los transgéneros por una multitud de cambios a prácticas discriminatorias.

Pero juntar todo en una gran lucha de las minorías oprimidas contra el hétero-patriarcado neoliberal y racista hoy en Estados Unidos es un error. Están a punto de cometerlo.— Ciudad de México.