VALLADOLID.— Marco Antonio Santos Ramírez, director de la zona arqueológica de Chichén Itzá, y empleado del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), manifestó que la existencia de la mafia en la entrega de credenciales piratas a guías de turistas es una realidad que ya se había denunciado antes.

El funcionario manifestó que el asunto es un problema que ha denunciado desde hace varios años, y a pesar de ello ninguna autoridad ha realizado alguna investigación al respecto.

Santos Ramírez recordó que sus denuncias originaron que en 2019 fuera apuñalado el jefe de seguridad de la zona y que estuvo a punto de morir, y señaló de manera directa como responsable de lo que pasa a la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur) del gobierno estatal.

Sobre su supuesta autorización en permitir subir al castillo de Kukulcán por las mañanas mediante el pago de $5,000 por persona, lo negó y dijo que quien cuente con pruebas que las presente y lo denuncie ante las autoridades correspondientes.

Lo que pasa, planteó, es que hay diferencias con varios guías de turistas y por ello lo acusan de presuntas irregularidades sin fundamento.

Durante varios días hemos publicado la existencia de una mafia en la zona arqueológica de Chichén Itzá, sobre la existencia de una red de corrupción que ahora ya lo identifican como delincuencia organizada en la expedición de credenciales para guías de turistas a personas que no cumplen con el perfil porque compran la acreditación a un instituto, propiedad de Daniel Quijano Ocegueda.

En la corrupción, según guías de turistas profesionales, están involucrados funcionarios públicos de la Secretaría de Turismo del gobierno federal y la Secretaría de Fomento Turístico del gobierno del Estado.

Apenas ayer publicamos que Porfirio Sobrino Navarrete, del departamento de Normatividad de Sefotur, sería el enlace con Sectur y el filtro para avalar la documentación de los aspirantes a ser guías de turistas.

Marco Antonio Santos Ramírez manifestó que todo lo que se ha dicho del problema en la zona es correcto y cierto, pues desde hace varios años, incluso en la administración federal de Felipe Calderón se comenzó a denunciar, pero nadie hizo caso, incluso sus denuncias han sido motivo para tener diferencias con los guías piratas, incluso se han metido cuatro en la zona arqueológica para ofrecer sus servicios, pero no los ha podido sacar, ya que con la campaña de “abrazos y no balazos” del presidente de la República no se ha podido hacer nada.

Recordó que en 2014, cuando llegó a la zona, detectó la presencia de guías de turistas “patito”, que incluso contrabajo hablan español, de modo que menos hablan otro idiomas, pero insistió en que es un problema de Sefotur que lo está tolerando por la misma mafia que existe, en donde están vinculados directamente, junto con el instituto que otorga las credenciales.

Dijo que el INAH no tiene nada que ver en la expedición de las credenciales, por el contrario, él y sus colaboradores tratan de ver que se cumpla con las normas federales, pero en las estatales no se meten.

En cuanto al doble cobro que se hace para entrar en la zona, lo calificó de irregular, ya que la Agencia Fiscal de Yucatán cobra $470, mientras que el INAH $85, haciendo un total de $555, pero la dependencia federal es quien se encarga del mantenimiento general.

En este sentido, recordó que tan solo en 2019, el gobierno estatal se embolsó $600 millones, mientras el estado $160 millones, a pesar que ellos son los que se encargan de todo el mantenimiento.

Ahora, según indica, el estado pretende cobrar $30 adicionales de un boleto electrónico a los visitantes, lo que significa que costarán mucho más los boletos de acceso.—