La semana pasada se iniciaron los foros de parlamento abierto que la Cámara de Diputados organizó para discutir a profundidad la iniciativa de reforma constitucional que, en materia de energía eléctrica, envió al Congreso de la Unión el presidente López Obrador, con el fin de quitar a la industria los vicios y deformaciones que le fueron impuestos por gobiernos anteriores, que impiden a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) —organismo del Estado creado para garantizar a los mexicanos su derecho a recibir el servicio eléctrico— cumplir su función y la ponen en trance de desaparecer.

El lunes 17 fue el primero de la serie en los que participan especialistas de todos los temas relacionados con la materia: académicos, científicos, comunicadores, gobernadores, empresarios, organizaciones no gubernamentales, etc., con el fin de que la propuesta sea discutida lo más profundamente posible por todos quienes estén interesados en ella, porque existen opiniones en pro y en contra y es preciso que la sociedad sepa de qué se trata.

Es muy importante, también, que la iniciativa se conozca y se discuta por el mayor número de mexicanos para que sepan cuál es la situación real de la industria eléctrica y cuál es el futuro la CFE de no cambiarse las condiciones en que hoy opera.

Se ha generado mucho ruido en torno al tema por los poderosos intereses que están detrás del gran negocio de producción y venta de —————

(*) Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa energía eléctrica por particulares que —escudados en la bandera de las energías limpias— están saqueando al país por la vía de los cuantiosos subsidios que está obligada a darles la paraestatal —mismos que salen de nuestros bolsillos— y de otras concesiones que a lo largo de los años les otorgaron gobiernos anteriores, y que el de Peña Nieto les consolidó a través de su antipatriótica reforma de 2013.

Con las leyes que fueron aprobadas ese año por la mafia que nos gobernó, adicta a los sobornos multimillonarios —como lo demuestran los múltiples casos de Odebrecht, Ancira, etc., que hoy salen a la luz—, sobornadores —empresarios extranjeros éstos y uno que otro nacional— y sobornados —políticos y legisladores— pusieron a la CFE en condiciones de desaparecer en unos cuantos años.

Esas leyes obligan a la CFE a algo tan absurdo como obligarla a subsidiar a sus competidores para que éstos, con los subsidios, hagan los más lucrativos negocios en el área, que les están generando enormes ganancias, mientras a la paraestatal le ocasionan gigantescas perdidas y la despojan de la parte más redituable de su mercado.

¿Cómo lo hacen? A través de una figura que se llama autoabasto. Uno pensaría que, como ocurre con quienes tienen sus paneles en los techos de sus casas, éste consiste en que una empresa produce su propia energía para funcionar y la que le sobra se la vende a la CFE, pero no es así.

Lo que ocurre en este caso, es que una gran empresa de generación de energía eléctrica, ejemplo, Iberdrola —independientemente del tipo de fuente que use para producirla, limpia o fósil— finge que decenas de las llamadas tiendas de conveniencia son sus socias y con eso adquiere el derecho a usar la red de la CFE para surtirlas de energía sin pagar un solo quinto por ello.

La simulación se hace adquiriendo las tiendas una acción con valor de 1 dólar que las hace “socias”. Lo que se ha dejado de pagar por el uso de las redes constituye ya un enorme boquete de más de 400 mil millones de pesos, para la paraestatal.

Dos aspectos perversos del sistema de autoabasto quedan en evidencia: 1) Por esta vía la CFE es despojada de decenas de miles de sus más grandes clientes que le producen ingresos que le permiten balancear su economía dados los menores que obtiene de los millones de usuarios de escasos recursos que atiende. Más de 70 mil, grandes corporativos cementeros, acereros, mineros, automovilísticos, etc., que antes fueron sus clientes pasaron a las filas de este huachicol eléctrico apodado autoabasto, y b) Por este procedimiento se obliga a la CFE a algo más que absurdo: subsidiar a sus competidores en su propio perjuicio, pues gracias al uso de sus líneas de transmisión sin pago, las grandes empresas privadas eléctricas le arrebatan clientes y están causando pérdidas y la están llevando a desaparecer.

Es falso que los productores privados produzcan electricidad sólo con energías limpias mientras la CFE lo hace sólo con energías fósiles. En 2019, la generación de la CFE con energías limpias fue del 25.2 por ciento y con energías fósiles y gas, el restante 74.8 y la de los privados de 16.3 por ciento con energías limpias y 83.7 con energías fósiles y gas. En 2020, CFE 33.5 por ciento con energías limpias y 66.5 con fósiles y gas; y privados, 18.5 con energías limpias y 81.5 con fósiles y gas.

Y, por último, en 2021, la CFE produjo 38.2 con energías limpias y 61.8 con energías fósiles y gas mientras los privados produjeron 20.5 con energías limpias y 79 con fósiles y gas. Como se observa CFE produce mayores porcentajes de su participación con energías limpias que las transnacionales de la energía eléctrica que también producen con energías “sucias”.

Lo que está en el debate no es, entonces, energías limpias versus energías sucias sino si debe prevalecer el interés de la nación por encima de cualquier otro o privar el de una minoría que quiere hacer negocios sin más límites que su afán de lucro.

Si debe este servicio ponerse en manos de quienes han demostrado de qué son capaces al hacer trampas para enriquecerse o, en cambio, fortalecer a CFE, empresa que, con todos sus defectos, es del pueblo, llevó la electricidad a todos los rincones del país cuando las empresas privadas de electricidad se negaron a hacerlo por no ser negocio y que, con huracanes y sismos, ha estado siempre al lado del pueblo.

En manos del Congreso está el futuro de los mexicanos.— Mérida, Yucatán.