El desorden en el reparto del dinero de los programas sociales del gobierno ha abierto una nueva ventana para las organizaciones criminales: las “tarjetas del bienestar”.

Hay más de 10 millones de estas tarjetas en circulación y se reparten con tal facilidad que están fuera del radar de las autoridades bancarias, fiscales y antilavado de dinero.

Los cárteles del narcotráfico están usando estas tarjetas para hacer los depósitos de nómina a sus empleados de más bajo rango. Fuentes oficiales me revelan que hasta el gabinete de Seguridad han llegado reportes de que “halcones” del narco están recibiendo su dinero en depósitos en sus tarjetas del bienestar.

No solo eso. Ha surgido en el gobierno de la autodenominada “4T” una categoría empresarial a la que ya se conoce como “los nuevos factureros”. Son despachos de abogados fiscalistas que tratan de conseguir en la administración federal paquetes de 200 o 500 “tarjetas del bienestar” para poder lavar dinero con ellas.

¿Por qué les sirven estas tarjetas lo mismo a narcos que a factureros? Porque las cuentas de los beneficiarios no son cuentas personales sino cuentas “ómnibus” (se les llama así justo por el camión). Es decir, en el sistema financiero, estas cuentas no pertenecen a personas en lo individual, sino que están agrupadas en la Tesorería de la Federación. Las tarjetas se reparten por correo y lo único que tiene que hacer el usuario para activarlas es ir al banco y poner un número secreto, cuando mucho mostrando una identificación.

El banco no está obligado a guardar copias de la documentación del cliente porque la cuenta no se abre en la sucursal bancaria: sólo van a la sucursal a activar la tarjeta. Los bancos privados que ayudan a emitirlas sencillamente se arreglan con la Tesorería de la Federación. Las cuentas individuales, pues, derivan en una cuenta mucho más grande, y por eso se denominan Nivel 2 (N2). Permiten depósitos mensuales de hasta 3,000 UDIs (aproximadamente 20 mil pesos), y por tanto, el dinero que ahí se mueve no entra bajo la supervisión estricta de los mecanismos antilavado, antievasión, etcétera.

Por eso los recursos se vuelven fácilmente irrastreables. Tuve acceso al contrato-marco entre el gobierno y un banco privado, y a dos contratos firmados con dos bancos mexicanos en particular. En esos documentos se puede verificar esta condición de flexibilidad y menor supervisión.

Por eso la gente que quiere esconder el dinero, como los factureros, encuentran en las “tarjetas del bienestar” un eficaz mecanismo para hacer depósitos hormiga de dinero en efectivo que pasen inadvertidos para la vigilancia fiscal y antilavado. A fin de cuentas, el secretario particular del Presidente, Alejandro Esquer, participó en un esquema similar en su “carrusel de cash” para hacer depósitos hormiga.— Ciudad de México.