MIAMI (EFE).— La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) aprobó ayer las resoluciones de su 77 Asamblea General sobre Nicaragua, Cuba y Venezuela, en las que condena “la persecución policial y judicial” y el “encarcelamiento” de reporteros, así como los “ataques desmedidos” contra la libertad de prensa y de expresión en estos países.

El balance del año transcurrido desde la anterior asamblea general, celebrada también de forma virtual a causa de la pandemia, constata un grave y constante deterioro: sobre todo en Nicaragua, Cuba y Venezuela, donde el poder político ha endurecido sus ataques contra la sociedad civil y la libertad de prensa y redoblado sus “agresiones” e “intimidación” de periodistas.

Estas tres naciones computan el mayor número de ataques físicos y de hostigamiento a los periodistas y de violaciones de la libertad de prensa y expresión en el continente americano, se afirma en las resoluciones.

Clima de represión

En el caso de Nicaragua, la SIP resuelve condenar al gobierno de Daniel Ortega por sus “ataques desmedidos contra la sociedad civil nicaragüense” y la libertad de prensa.

En la resolución sobre Nicaragua, la asamblea general exige la devolución inmediata a sus propietarios de las instalaciones del diario “La Prensa”, el más antiguo del país, “injustamente intervenido y saqueado por la Policía”, así como la liberación de Juan Lorenzo Holmann, gerente del rotativo.

También reclama la SIP al gobierno de Ortega la “libertad inmediata de los presos políticos y que el régimen permita elecciones libres y transparentes”, en vez de fomentar un “clima de represión, impunidad e injusticia” con vistas a las elecciones del próximo 7 de noviembre.

Respecto a Cuba, la resolución condena el encarcelamiento de los reporteros Lázaro Yuri Valle y Esteban Rodríguez, y el del youtuber Yoandi Montiel, y pide la inmediata liberación de los tres. Exige además al régimen cubano que deje sin efecto los procesos judiciales contra las periodista independientes cubanas Mary Karla Ares (de “Amanecer Habanero”) y Camila Acosta, esta segunda corresponsal del diario español “ABC” en la isla.

En la misma resolución, demanda al gobierno que “cese la persecución policial y judicial” contra los periodistas independientes y la práctica de obligarlos al “destierro”, y que termine la “represión en la redes sociales contra aquellos que ejercen su derecho a la crítica y el disenso”.

En cuanto a Venezuela, el organismo hemisférico exige al régimen de Nicolás Maduro el “respeto a la prensa independiente venezolana” y el “fin de las agresiones y hostigamiento” contra los medios de comunicación y los periodistas.

Condena en seguida el uso que hace el gobierno venezolano del “aparato judicial” y las Fuerzas Armadas para “atacar a los medios”.