Al concluir su 77 asamblea general, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) demandó a México poner fin “a la ausencia de justicia” que rodea los asesinatos de periodistas y pidió a la Fiscalía General de la República que otorgue recursos para ello.

“México continúa siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, no solo por la cantidad de ataques cometidos en la últimas dos décadas, sino porque prevalece un alto índice de impunidad”, dijo.

Las autoridades mexicanas tienen la responsabilidad de esclarecer al menos 136 crímenes contra periodistas ocurridos en las últimas dos décadas, indicó el organismo.

MIAMI (EFE).— La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) recordó ayer viernes al gobierno de México “su deber de poner fin a la ausencia de justicia” que rodea los asesinatos de periodistas y pidió a la Fiscalía General de la República que otorgue recursos suficientes para ello.

Al final de su 77 Asamblea General, celebrada de manera virtual, la SIP emitió una resolución especial sobre la impunidad en México, algo que solo hizo con otro país, Brasil.

“México continúa siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, no solo por la cantidad de ataques cometidos en la últimas dos décadas, sino porque prevalece un alto índice de impunidad”, dice la resolución.

Las autoridades mexicanas tienen la responsabilidad de esclarecer más de 136 crímenes contra periodistas ocurridos en las últimas dos décadas, agrega, antes de indicar que la falta de resolución de los casos de asesinatos contra periodistas, la violencia y la impunidad, restringen la libertad de expresión y de prensa.

La SIP recuerda que, por la falta de justicia, sometió ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los casos de desaparición o asesinato de cinco periodistas, Alfredo Jiménez Mota, Francisco Ortiz Franco, Víctor Manuel Oropeza, Héctor Félix Miranda y Benjamín Flores González, los cuales se hallan en diferentes etapas procesales.

Tras hacer una reseña de cada caso, afirma que las instituciones del Estado responsables a escala federal de velar por la defensa y protección del ejercicio del periodismo y la libertad de expresión, están siendo “omisas en sus responsabilidades legales”.

Menciona expresamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, organismos que “se han burocratizado y limitado los recursos de atención y que no verifican el cumplimiento en los estados de las pocas medidas cautelares que emiten”.

También denuncia “el achicamiento legal” de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión (Feadle) y sus negativas consecuencias para periodistas y medios.

La resolución emplaza a la Fiscalía General de la República a retomar las indagatorias en el caso de Francisco Ortiz Franco y abra el expediente de Alfredo Jiménez Mota y reclama a las Secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores que no continúen retrasando el cumplimiento de las resoluciones de la CIDH.

Finalmente ratifica el compromiso de la SIP de seguir exigiendo ante la CIDH que “los asesinatos contra periodistas no queden impunes, no caigan en el olvido y a buscar que el Estado repare de forma digna a las familias de las víctimas”.

Barómetro

En su edición 2021, el Índice Chapultepec, barómetro de la SIP, advirtió que la libertad de prensa vive un momento difícil en México, que cayó cinco lugares. El Índice Chapultepec mide los niveles de libertad de prensa y expresión en las Américas.

En el reporte, difundido en el marco de la Asamblea General de la SIP, México se ubica en el lugar 16, de 22 países, con 49.21 puntos de un total de 100.

En el índice del año anterior, la nación se encontraba en el décimo primer sitio, con 55 puntos.

El índice evalúa cuatro aspectos: ciudadanía informada y libre expresión; ejercicio del periodismo; violencia e impunidad y control de medios. En el primer apartado, México tiene 11.57 puntos, de un máximo de 23; en el segundo, 6.86, de 10; en el tercero, 11.35, de 42; en el cuarto tiene 19.43, de 25.

La peor evaluación la tiene en el tema de la violencia e impunidad. Desde el año pasado se advertía que el país vivía retrocesos en materia de libertad de expresión. El país se mantiene en la franja de aquellos con “restricción parcial” a la libertad de expresión, aunque por debajo del promedio.

Otras naciones en la misma franja son: Colombia, Ecuador, Argentina, Bolivia, Guatemala y El Salvador. Venezuela, Cuba y Nicaragua son las naciones con peores resultados, y se mantienen en la franja de aquellos “sin libertad de expresión”.

El Estado que más descendió en la escala, respecto de la evaluación del año anterior, es Argentina. Entre el país mejor valorado y el peor valorado, Uruguay y Venezuela, existe una brecha de 78.39 puntos.

El indicador de la SIP se basa en las acciones institucionales de los poderes del Estado en materia de libertad de expresión. Este año se tomaron en cuenta más de 200 informes de expertos de esos países, durante el periodo comprendido entre el 30 de julio de 2020 y el 1 de agosto de 2021.

El trabajo estadístico está a cargo de la Universidad Católica Andrés Bello, de Caracas. Los resultados de esta segunda edición del Índice de Chapultepec muestran un estado general en la región de 55.61 puntos, de un máximo teórico de 100.